La Diputación: una Entidad Local al servicio de los municipios

La provincia, como división territorial,  tiene un carácter bifronte pues constituye por un lado un territorio en el que se organiza la vida local, y además es un ámbito de actuación  de la Administración del Estado, que utiliza esta demarcación para organizar su administración periférica. Hacienda, Seguridad Ciudadana, Sanidad, Estadística, Seguridad Social,  etc. son  espacios de la competencia estatal perfectamente reconocibles a nivel provincial.

 Esta naturaleza la adquiere la Provincia con  el Estatuto Provincial de 1925, elaborado por José Calvo Sotelo con la colaboración de insignes juristas y políticos como Jordana de Pozas y José María Gil Robles.

 Hasta ese momento, la Provincia había existido únicamente con su carácter de circunscripción estatal y las Diputaciones no habían sido otra cosa que un instrumento en manos del Estado para actuar en el territorio, dejando la autonomía local, dicho sea de paso, totalmente orillada.

 Aquella operación fue un triunfo del municipalismo y las Diputaciones provinciales, con su carácter local, fueron una alternativa  frente a un intento de regionalizar España que había iniciado poco antes la Dictadura, y ante el riesgo que esto último suponía de fractura de la unidad nacional,  claramente advertida.

 Las Diputaciones experimentaron una nueva creación y quedaron definidas como administraciones locales.  Así de claro lo definía el Estatuto provincial en su artículo 4º al afirmar: “Corresponde a las Diputaciones provinciales o a los organismos similares que constituyan los Municipios con arreglo a lo prevenido en esta ley, organizar los servicios propios de la Administración local que no sean de la exclusiva competencia municipal, así como los que el Estado delegue o traspase a las mencionadas entidades.”

 De ahí que resultara clave que la institución que representa los intereses locales en el contexto provincial no tuviera más propósito que el servicio a los municipios y a sus ayuntamientos. Sólo esa función debería justificarla. Y no es poco, pues como decía en su famoso Preámbulo el citado Estatuto Provincial, de la pluma de D. José Calvo Sotelo, “allí donde la Diputación cabecee indolente bajo el peso de la rutina o la indiferencia, Municipios más emprendedores o avisados, sabrán reemplazarla dándole la muerte a que es acreedor el organismo que sólo sabe cultivar la inercia.”

 Desde entonces hasta hoy el modelo ha permanecido con pocos cambios. La actual Ley de Régimen Local las sigue definiendo como entidades locales, que deben centrar su trabajo en asegurar la prestación de los servicios municipales obligatorios, especialmente en los municipios con menores recursos y población, prestarles asistencia técnica, cooperar en las obras y servicios municipales y coordinar todo ello desde la óptica de la eficiencia y el menor coste para los ciudadanos.

 La provincia no es una sub-región. Cierto es que en la formación de las Comunidades Autónomas, según el artículo 143 de la Constitución,  se parte desde abajo, desde las provincias limítrofes con características comunes y que corresponde la iniciativa para constituirse como tales a las Diputaciones y a una mayoría cualificada de municipios.

 También lo es que el territorio de la Comunidad Autónoma comprende el de los municipios integrados en sus provincias, que la provincia sigue siendo una circunscripción electoral para la elección del Parlamento autonómico. Y que,  del mismo modo que sucede con la Administración del Estado, puede utilizarse la división territorial en provincias para la organización de la administración regional. Pero la Comunidad Autónoma no es una suma de provincias, ni se divide en territorios provinciales, porque la naturaleza de la región es unitaria.  Quien se constituye en Comunidad Autónoma es, en nuestro caso, el pueblo  valenciano y una vez constituida la Comunidad, la Diputación y los municipios siguen siendo lo que son: entidades locales; y en consecuencia se deben seguir ocupando de sus competencias.

 Este concepto de la Diputación como entidad local y al servicio de los municipios es fundamental para entender su papel en el contexto nacional y regional. Aspirar a que la provincia y al frente de ella la Diputación, compita con la Comunidad Autónoma como institución política e reivindicar intereses estrictamente provinciales, cuando precisamente los municipios de varias provincias se han constituido en Comunidad, basándose en una historia, cultura y economía comunes, es un retroceso en la construcción  de la sociedad o cuerpo político.

 Muy al contrario, la Diputación, como coordinadora y cooperadora con los ayuntamientos, debe cumplir un claro papel de líder en el mundo local. Hacer posible que en todos los municipios se alcancen los estándares de calidad y eficiencia debidos en la prestación de los servicios públicos locales; asumir competencias en aquellas materias de mayor dificultad técnica y administrativa; cooperar financiera y técnicamente en las obras y servicios; reclamar del resto de Administraciones Públicas el apoyo necesario para el correcto cumplimiento de los fines locales; ser cauce para canalizar las ayudas  regionales, estatales y supranacionales a favor de los municipios, etc.

 En una entrevista concedida en julio de 2007 al semanario “El Raspeig”, la actual Alcaldesa de San Vicente del Raspeig y Presidenta de la Diputación de Alicante finalizaba con la siguiente declaración: “ Me gustaría decir que todos nos pusiéramos a trabajar y hacer las cosas en beneficio de los ciudadanos, sin luchas internas. También que hiciéramos más política local y menos de altos vuelos.

 Aspirar a que las Diputaciones sirvan para otro tipo de políticas supone equivocarse de  vocación. No están para eso, ni es lícito utilizarlas con propósitos extraños. En un momento en que los ciudadanos cuestionan todas aquellas instituciones superfluas, sólo si se centran en cumplir su verdadera misión como Entidad Local, seguirán teniendo el reconocimiento y  prestigio de aquello que merece ser conservado porque resulta realmente útil.